El departamento del Chocó enfrenta una profunda crisis humanitaria debido a la consolidación de redes de trata de personas que operan a plena vista en las carreteras.
De acuerdo con un reportaje realizado por el medio Semana, diversas fuentes militares y organismos de derechos humanos, denunciaron que niñas y adolescentes están siendo arrancadas de sus hogares para ser vendidas.
Los criminales aprovechan la falta de control en las vías que conectan a Quibdó con Medellín y Pereira para movilizar a las víctimas, cobrando sumas que oscilan entre 1 y 5 millones de pesos por la virginidad de las menores.
El mercado del horror en las carreteras
Esta tragedia se agrava por el dominio absoluto que ejercen grupos como el ELN y el Clan del Golfo sobre el territorio y la población. La combinación de una pobreza extrema, que en Quibdó alcanza al 59.6% de los habitantes, y la intimidación armada creó un entorno donde las familias son forzadas a entregar a sus hijas o a guardar silencio por miedo a represalias.
Las autoridades identificaron puntos críticos en sectores como Pueblo Rico, Guarato y Yuto. En estas zonas, los delincuentes interceptan a familias de escasos recursos para captar a las niñas.
El método varía entre la amenaza directa y la manipulación económica, ofreciendo bienes o dinero a padres sumidos en la miseria. Una vez capturadas, muchas de estas menores terminan en las grandes ciudades siendo explotadas o permanecen en "condominios" bajo vigilancia armada, donde son tratadas como propiedad de los cabecillas.
Confinamiento y paros armados
En el Bajo Baudó, la situación es crítica debido a los paros armados impuestos por el ELN. Más de 6.000 personas de comunidades afrodescendientes e indígenas se encuentran atrapadas, sin permiso para pescar, cazar o trabajar sus cultivos.
Este bloqueo no solo genera hambre, sino que impide el acceso a medicinas y atención médica urgente. Recientemente, se reportó la muerte de una niña por un cuadro viral que no pudo ser tratado debido a la prohibición de movilidad impuesta por los guerrilleros.
Casos alarmantes
La Defensoría del Pueblo documentó que el control de los grupos ilegales llega hasta la intimidad de las víctimas. En los últimos años se detectaron casos de niñas de entre 10 y 12 años con infecciones de transmisión sexual, pero el personal médico y las parteras que intentan ayudarlas son amenazados de muerte.
Los grupos armados prohiben incluso la realización de pruebas de salud, castigando con la vida a quienes intentan romper el ciclo de abuso o buscar asistencia sanitaria.
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